Entre las leyes que terminará de aprobar hoy el Senado de la Nación contra la evasión y la financiación del terrorismo se incluirá una pena de entre dos y ocho años de cárcel a quienes “capten ahorros” de la gente y otorguen con ellos créditos al público sin autorización del Banco Central.
La realización de estas operaciones que diariamente realizan las cuevas de la city porteña estaban hasta ahora penadas con sanciones administrativas. “No había condena por estos delitos. El Banco Central aplicó algunas multas por este tipo de infracciones, pero hasta ahora no estaban reprimidas de esta manera”, comentaron fuentes de la Comisión Nacional de Valores que participaron en la redacción del proyecto.
A partir de ahora, cualquier “cuevero” de la city que funcione en la marginalidad y que a través de su mesa de dinero tome fondos o adjudique préstamos al público estará expuesto a pasar ocho años en la cárcel si así lo dispone un juez.
El nuevo castigo será parte de uno de los dos proyectos de ley que el propio titular de la UIF, José Sbatella, se encargó de difundir masivamente esta semana con una curiosa comparación entre las “corridas bancarias” y los “actos de terrorismo internacional”.
El texto que ya fue aprobado en la cámara baja –y que descuentan que sea aprobado hoy en senadores– incorpora esto en el artículo 309 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de dos y ocho años, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial por quince años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente”, dice. Y agrega una pena de dos a seis años para quien “recibiere dinero o cualquier otra ventaja económica indebida o aceptare una promesa directa o indirecta, a fin de facilitar, permitir, ordenar o aconsejar la realización de operaciones crediticias o cualquier otra operación financiera o de inversión en entidades autorreguladas”.
Los dos proyectos, completos, fueron defendidos el lunes ante la Comisión de Justicia del Senado, que preside el kirchnerista Pedro Guastavino, tanto por Sbatella como por el ministro de Justicia, Julio Alak, y el titular de la CNV, Alejandro Vanoli. “Los mercados han volteado gobiernos ”, se animó Sbatella.
La semana pasada, durante su asunción, Cristina había advertido que su gobierno debió soportar “cinco corridas bancarias” que obligaron al Banco Central a vender casi u$s 16.000 millones. Si bien ese número parece imposible de ubicar dentro de su propio mandato, la cantidad esbozada podría estar referida a los prolongados períodos de ventas de divisas que debió hacer el organismo monetario desde los meses previos a las elecciones de octubre de 2007 hasta hoy, sin los cuales las reservas superarían hoy los u$s 60.000 millones.
En este sentido, la nueva ley castigará con hasta cuatro años de cárcel a quien realice “operaciones tendientes a subir, mantener o bajar el precio de mercaderías, valores negociables u otros instrumentos financieros valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o negociarla a un determinado precio”. En la CNV explicaron que esta nueva ley “busca proteger los ahorros del público para que no sea destinado a cuestiones fraudulentas” y “que el orden económico y financiero no estén expuestos a movimientos especulativos”.
La realización de estas operaciones que diariamente realizan las cuevas de la city porteña estaban hasta ahora penadas con sanciones administrativas. “No había condena por estos delitos. El Banco Central aplicó algunas multas por este tipo de infracciones, pero hasta ahora no estaban reprimidas de esta manera”, comentaron fuentes de la Comisión Nacional de Valores que participaron en la redacción del proyecto.
A partir de ahora, cualquier “cuevero” de la city que funcione en la marginalidad y que a través de su mesa de dinero tome fondos o adjudique préstamos al público estará expuesto a pasar ocho años en la cárcel si así lo dispone un juez.
El nuevo castigo será parte de uno de los dos proyectos de ley que el propio titular de la UIF, José Sbatella, se encargó de difundir masivamente esta semana con una curiosa comparación entre las “corridas bancarias” y los “actos de terrorismo internacional”.
El texto que ya fue aprobado en la cámara baja –y que descuentan que sea aprobado hoy en senadores– incorpora esto en el artículo 309 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de dos y ocho años, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial por quince años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente”, dice. Y agrega una pena de dos a seis años para quien “recibiere dinero o cualquier otra ventaja económica indebida o aceptare una promesa directa o indirecta, a fin de facilitar, permitir, ordenar o aconsejar la realización de operaciones crediticias o cualquier otra operación financiera o de inversión en entidades autorreguladas”.
Los dos proyectos, completos, fueron defendidos el lunes ante la Comisión de Justicia del Senado, que preside el kirchnerista Pedro Guastavino, tanto por Sbatella como por el ministro de Justicia, Julio Alak, y el titular de la CNV, Alejandro Vanoli. “Los mercados han volteado gobiernos ”, se animó Sbatella.
La semana pasada, durante su asunción, Cristina había advertido que su gobierno debió soportar “cinco corridas bancarias” que obligaron al Banco Central a vender casi u$s 16.000 millones. Si bien ese número parece imposible de ubicar dentro de su propio mandato, la cantidad esbozada podría estar referida a los prolongados períodos de ventas de divisas que debió hacer el organismo monetario desde los meses previos a las elecciones de octubre de 2007 hasta hoy, sin los cuales las reservas superarían hoy los u$s 60.000 millones.
En este sentido, la nueva ley castigará con hasta cuatro años de cárcel a quien realice “operaciones tendientes a subir, mantener o bajar el precio de mercaderías, valores negociables u otros instrumentos financieros valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o negociarla a un determinado precio”. En la CNV explicaron que esta nueva ley “busca proteger los ahorros del público para que no sea destinado a cuestiones fraudulentas” y “que el orden económico y financiero no estén expuestos a movimientos especulativos”.
Fuente: http://www.cronista.com/
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