YPF
Alejandro Fargosi, consejero de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, se refirió al riesgo jurídico que crece en la Argentina de Cristina Fernández.
por ALEJANDRO FARGOSI
CIUDAD DE BUENOS AIRES. Hay quienes alientan la estatización de los servicios públicos privatizados, a tono con la creación de varias empresas estatales durante estos muchos años de gobierno kirchnerista y a la no menos importante estatización virtual de las empresas privadas que dependen de la espada de Damocles del subsidio.
El “relato” subliminalmente pretende que “lo público” y las empresas públicas, son de todos, a diferencia de lo privado, que es de unos muy pocos. Y remarca la ficción de que “el Estado” es una entelequia benigna y protectora, cuando en realidad el Estado es solo el gobierno de turno, con sus mas y sus menos.
No teoricemos y recordemos la verdad de las “empresas públicas” en la Argentina, que sufrimos todos entre 1930 y 1990. Ni los conservadores, ni los radicales, ni los peronistas, ni los militares lograron convertir una empresa estatal en una empresa seria. Ninguno, en 60 años.
Valen algunos flashes: desde su expropiación a mediados de los ’40 Entel fue un progresivo desastre hasta el colmo de que instalar un teléfono tardaba 20 o 30 años, salvo los truchos, que por ¡u$s 5000! se conseguían en pocos meses. Los trenes, también estatizados en esa época, fueron perdiendo puntualidad, limpieza, comodidad, modernidad y ahora también han perdido la mas elemental seguridad de tener frenos.
La electricidad no se quedó atrás y todos los mayores de 50 años nos acordamos de los permanentes cortes de Segba. Que solo se parangonaban con la endémica falta de gas en invierno, carencia que nos garantizaba Gas del Estado. Obras Sanitarias no modernizó su red de aguas y cloacas en décadas. Y los subtes, que fueron de los primeros del mundo... siguen con los mismos vagones, que debieran estar en un museo. La lista de ejemplos es tan larga como la nómina de empresas públicas con la que los sucesivos gobiernos de todos los sectores políticos, castigaron al ciudadano consumidor.
Con semejante experiencia acumulada cualquier discusión ideológica o teórica sería burlarse de la gente. Cuando el gobierno es el dueño de la empresa, no la dirige bien porque tiene mil condicionamientos políticos, gremiales y de incapacidad de gerenciamiento, amén de tentaciones multimillonarias para corromperse. Y ni siquiera la controla, porque los órganos controladores quedan sometidos en los hechos a las empresas controladas. Pasó siempre y va a seguir pasando.
La inoperancia y corrupción de las empresas estatales no ocurrió por accidente. La causa es estructural. Necesitamos un Estado mínimo pero fuerte. Es decir, que haga bien lo que solo él puede hacer -seguridad, justicia, salud, etc, y deje a sus 40.000.000 de habitantes la libertad de hacer el resto de las cosas, incluidos los servicios públicos. Y en esto, ese Estado debe ser un eficaz y firme regulador y controlador, como ocurre en el resto del mundo.
Hubo serios intentos de organismos de control con impacto presupuestario cero y equipos de gente capacitados, con remuneraciones y carreras equivalentes a las de las empresas que debían controlar. Pero pasó Cavallo y se llevó al Tesoro los fondos de esos entes de control y con los fondos se fueron salarios dignos, capacitación, posibilidad de carrera, blindaje anti-corrupción... y los entes de control pasaron a ser, como escribí hace 14 años, facultades de posgrado donde se entrenan los futuros empresarios que luego absorbe el sector privado. Absurdo.
Consolidemos a las empresas en manos privadas, con tarifas realistas y sometidas a entes de control fuertes, ágiles, eficientes. No es difícil. Claro que se acabarían algunas “cajas políticas”... y la posibilidad de meter en las empresas gubernamentales a los amigos del poderoso de turno.
La alternativa es seguir como venimos: cada vez menos energía, comunicaciones y servicios básicos. Y a veces, el horror de la tragedia con muertos y heridos. ¿Eso queremos?
